La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires duplicó los montos de ingresos brutos que determinan para ciertos contribuyentes la obligatoriedad de ejercer como agentes de recaudación del fisco. La medida abarca al 30% de los agentes de recaudación y alcanza a pequeñas y medianas empresas que se beneficiarán así con una sensible reducción de costos en su estructura administrativa.
El titular de Arba, Gastón Fossati, explicó que "los parámetros no se actualizaban desde hace 6 años y eso generó distorsiones que afectaron a pequeñas y medianas empresas de la Provincia, que al actuar como agentes de recaudación debían hacer frente a nuevas exigencias operativas que aumentaba sus costos".
De acuerdo a las pautas que regían desde 2010, el fisco provincial establecía que se encontraban obligadas a actuar como agentes de percepción y retención las empresas que hubieran obtenido durante el año calendario anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) superiores a $10 millones. En el caso de los expendedores de combustibles líquidos, derivados del petróleo, el monto era de $12 millones; y para quienes realizaban operaciones de venta de cosas muebles el mínimo se fijaba en $5 millones.
A partir de ahora, con el incremento de los límites resuelto por el equipo que conduce Fossati, en el primero de los casos Arba estableció un monto de $20 millones. En tanto, para los expendedores de combustible lo subió a $30 millones y para la venta de cosas muebles fue situado en $10 millones.
Fossati sostuvo que "era indispensable elevar la base que se toma en cuenta para determinar qué contribuyentes deben ser agentes de percepción y retención", e hizo hincapié en que "escuchamos la necesidad de las empresas y buscamos brindarles un alivio lógico, que ayudará a reducir sus costos operativos".
Las empresas que actúan ante la Provincia como agentes de recaudación de impuestos tienen la obligación de retener o percibir dinero de los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En los últimos años, la falta de actualización de los montos que determinan esa responsabilidad había generado que muchas pymes se incorporaran al sistema, ocasionándoles costos adicionales e inconvenientes por la falta de estructura administrativa para cumplir la exigencia fiscal.
FUENTE: ARBA
